Santo Domingo, – Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República al contrato entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la empresa Transcore Latam, destinado a la modernización, ampliación y gestión del sistema del centro de control de tráfico y las reservas del Gran Santo Domingo, revela discrepancias significativas en los montos adjudicados y pagados.
El proceso de convocatoria se llevó a cabo los días 20 y 21 de febrero de 2023. El valor total del contrato se anunció inicialmente en mil doscientos millones de pesos, resultando en un único adjudicado. Sin embargo, el contrato final, firmado el 19 de junio de 2023 bajo el número DJ-CSV-0009-2023, ascendió a mil trescientos diecisiete millones trescientos cincuenta mil novecientos noventa y siete pesos (1,317,350,997.00 pesos).
Los resultados de la auditoría, presentados por el periodista Pedro Jiménez, en el programa radial Zol de la Mañana, destaca una diferencia de ciento diecisiete millones trescientos cincuenta mil novecientos noventa y siete pesos (117,350,997.00 pesos) entre el importe publicado y el monto final del contrato. Esta discrepancia ha generado preocupación sobre la transparencia y la gestión de los fondos públicos.
El contrato fue formalmente adjudicado en julio de 2023, y se realizó un pago inicial equivalente al 20% del monto total, es decir, 263 millones cuatrocientos setenta mil ciento noventa y nueve punto cuarenta pesos. Este pago corresponde al anticipo del contrato para la empresa Latam SRL, cuyo Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) es 132-6997-6.
El concepto del pago se especifica como “Servicio de modernización, ampliación y gestión del sistema integral del centro de control de tráfico y las reservas públicas del Gran Santo Domingo”. La fecha de emisión del contrato es el 19 de junio de 2023.
La Contraloría General de la República ha instado a una revisión detallada de los procedimientos de adjudicación y ejecución de contratos públicos para garantizar la transparencia y el uso adecuado de los recursos del Estado. Se espera que las autoridades correspondientes tomen medidas para esclarecer las irregularidades detectadas y asegurar que se cumplan los estándares de integridad en la gestión pública.
Además, se ha identificado que los miembros del consejo directivo de Transcore Latam poseen dirección y nacionalidad en Estados Unidos, lo según Jimenez, infringe la Ley de Compras y Contrataciones de la República Dominicana. La dirección de Transcore Latam es 651 Nord 201, Estados Unidos, y otra empresa relacionada tiene su dirección en 21 North Broad Street, Estados Unidos.
Jimenez indicó que en la última Asamblea General Extraordinaria celebrada por la empresa se evidenció el nombramiento del actual consejo de administración.
“Se hicieron los preparativos necesarios para acomodar y entregar el contrato a INTRANT, que ya estaba preparado para esta adjudicación. La auditoría también reveló que la Asamblea se convocó para modificar el objeto social de la empresa, permitiendo la venta de semáforos, soluciones integrales de comunicaciones y la venta de equipos, lo cual no estaba contemplado en los rubros originales del contrato”, dijo JImenez.
Pidió a las autoridades correspondientes tomen medidas para esclarecer las irregularidades detectadas y asegurar que se cumplan los estándares de integridad en la gestión pública.
